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Textos Monterrey 2002

Los planes imperiales y la búsqueda de alternativas en nuestra América
“las condiciones objetivas para la lucha social, están dadas por el hambre del pueblo; es la reacción a esa hambre”.
Ernesto “Ché” Guevara

La implementación de estrategias destructoras de los procesos sociales, de la autonomía, de la cultura y de la vida en general de Nuestra América a manos de los Estados Unidos y las oligarquías locales , constituye uno más de los intentos por destruír todo vestigio de autonomía, independencia y dignidad de nuestros pueblos.   El Plan Colombia, así como la Iniciativa Andina, se han constituído hoy en día en un reto más para nuestra integridad. A todas luces oprobiosos e indignos, sin embargo con la anuencia de algunos Estados que se asumen como jueces de lo que consideran justo e injusto. Sin embargo, esto es una muestra más de los presagios de los forjadores de nuestras identidades, como Simón Bolivar y José de San Martín a principios del S.XIX, respecto al futuro de nuestros pueblos. Tales presagios eran escépticos debido a la avidez de los Estados Unidos y a la hipocresía de Inglaterra y otros Estados Europeos, que lo único que buscaban era la obtención de prebendas en nuestra tierra.   El libertador Bolivar, quien en su Carta de Jamaica de 1815 imaginó la complejidad del futuro de las entonces nacientes repúblicas americanas, que se emancipaban del yugo español, visualizó lo que sería un presagio funesto, “si las nacientes repúblicas no se mantienen unidas por sus lazos, caerán fácilmente presas de las aspiraciones colonialistas europeas o norteamericanas”.    Y así fue, las ambiciones de las oligarquías latinoamericanas, detentadoras del poder político y económico, que nunca tuvieron en mente un proyecto de nación incluyente, (en el cual mestizos, indígenas y negros no fueran marginados), aliados al capital transnacional, han sido las principales impulsoras de la implementación de modelos ajenos a nuestra realidad, como lo es la estrategia de desarrollo neoliberal.   Estrategia que lo único que ha dado a las mayorías en nuestra tierra es mayor pobreza.
La concesión de derechos en una sociedad justa no deben estar sometidos a la negociación política, sino estar fundadas sobre bases morales y éticas. Sin embargo, finalizó el siglo XX y con él, las esperanzas de lograr una sociedad justa, “incluyente y equitativa” en nuestra América, en la cual nuestros pueblos, en su diversidad sean beneficiarios y no víctimas del crecimiento económico y del desarrollo tecnológico.
Hasta el día de hoy, el modelo económico de “libre mercado” imperante en todo el orbe ha dado como resultado que de los 6 mil millones de habitantes, 1,300 millones sobrevivan en la “pobreza extrema” con menos de un dólar al día y otros 3 mil millones en “pobreza” con menos de dos dólares diarios. Un modelo económico que ha reconocido que “lamentablemente” 40 millones de personas mueren anualmente víctimas del hambre.
Este modelo de desarrollo, difundido en nuestros países, por los “organismos financieros internacionales” desde finales de la década de los setenta, ha generado una impresionante concentración de la riqueza entre las naciones y dentro de ellas. Un reporte de las Naciones Unidas (ONU) indicaba que 100 de las principales compañías transnacionales del planeta detentaban activos empresariales por más de 4.2 billones de dólares (14.6% del valor de la economía mundial), cantidad que supera en 139.3% el Producto Interno Bruto (PIB) de todos los países de América Latina y el Caribe.
América Latina ha sido la zona que más han padecido el proceso de reestructuración económica, desde la crisis que se iniciara en la década de los ochenta. Sin embargo y a pesar de los costosos programas de ajuste y reestructuración de los sistemas económicos implementados durante casi dos décadas, no se ha logrado que el crecimiento económico esperado se traduzca en el bienestar para la mayor parte de la gente en nuestros países. Nuestro nivel de vida ha retrocedido a niveles inferiores a los registrados en las décadas anteriores y en la actualidad, según cifras dadas a conocer por el mismo Banco Mundial reportan “conservadoramente” que 37% de la población latinoamericana vive en pobreza y el 16% en extrema pobreza, en total 255.5 millones de personas, más de la mitad de la población se encuentra en esas condiciones.

Por tanto, esta problemática se explica, por la aplicación acrítica de un modelo de desarrollo adoptado por los gobiernos de nuestros países durante las tres últimas décadas, el cual ha estado determinado por los principales organismos económicos financieros internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo resultado ha sido mayor pobreza y desigualdad en nuestros pueblos.
Al implementarse en América Latina esta estrategia de desarrollo neoliberal, el Estado “redefinió” su papel en la sociedad, se “adelgazó” debido a un proceso de privatización, en un intento de corregir el déficit público, convirtiéndose así, en un “eje que regulara su inserción en el mercado mundial”, desligándose de su compromiso social. Bajo esta estrategia de desarrollo, el Estado se empezó a deteriorar, mediante recortes presupuestales, dejando de sostener e impartir educación, prestar servicios de salud, crear empleos.   Es decir, se desliga de la seguridad social de antes, que constituía un derecho para la población.
En Colombia de cada cien habitantes, cincuenta están por debajo de la línea de pobreza. Hay más de seis millones de niños pobres y un millón y medio de situación de miseria absoluta. La mitad de la población no tiene el mínimo acceso al sistema de salud.
El Congreso de los Estados Unidos ha aprobado 1,319 millones de dólares de ayuda para el Plan Colombia, de los cuales el 75 % de esa “ayuda”, es decir unos 800 millones de dólares son asignados a la asistencia militar y policial. Por lo cual, está justificado todo el escepticismo sobre el Plan, puesto que si lo que se buscara fuera la paz, para que armar a uno de los actores de esa manera tan desproporcionada.   Es decir, si lo que hace falta es el establecimiento de la paz, pues el gasto asignado a la misma y a la garantía de los derechos humanos debería ser lo mas fuerte.   En el paquete de ayuda, solamente 3 millones de dólares son asignados al tema de la paz, y para el tema de ls derechos humanos apenas 50 millones de dólares.    Cómo justificar la paz con un gasto desproporcionado de ayuda militar y policial de 800 millones de dólares.   Gasto que repercutirá en el recrudecimiento de los conflictos, generando miles de desplazados, miles de muertos, heridos, lisiados, e incluso el uso de plaguicidas desfoliadores como el “ fusiarum oxisporum”,que tendrá efectos no nada más en Colombia, sino en el pulmón de la tierra que es el Amazonas.
En la lucha por el respeto a los derechos humanos, el Plan asigna sólo 3 millones de dólares, y (según Amnistía Internacional) es inadecuado y mal encausado, puesto que no aborda las principales causas de tales violaciones como la impunidad y la actuación de las organizaciones paramilitares; tal y como lo ha señalado Naciones Unidas.   Sin embargo, un gobierno que impulsa y sostiene a estor mismos grupos no puede buscar la paz.    Es decir, la paz no se logra con la llegada de helicópteros BlacKhawk, que generan más y más muertos, más y más violencia en un pueblo que se merece un destino mejor y más justo.
Debido a esta realidad, es urgente la suspensión de tales estrategias, para que no se sacrifique más a la población, Sin embargo, los gobiernos en turno no cambiarán por sí solos, pues son muchos los intereses creados con el capital transnacional y su dependencia de los Organismos Económicos, Financieros y Comerciales.   Las oligarquías que detentan el poder económico y político, no permitirán un viraje, pues son las que impulsan medidas reformistas, en sistemas partidistas viciados y faltos de toda representatividad, y que en sustancia no representan un cambio real en el sistema al interior de los Estados.   Por lo cual, es imprescindible que todas las fuerzas progresistas de nuestra América sean solo una, en su lucha en contra de la aplicación de este modelo de desarrollo que ha sumido en la miseria más espantosa a nuestra gente.
La exclusión se muestra más insultante en los propios informes de los organismos internacionales, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual, en su informe de 1997 indicaba que alrededor de mil 300 millones de personas viven con menos de un dólar al día, de los cuales 110 millones se localizan en América Latina. El propio Banco Mundial en su informe anual de 1998 señaló que el 37% de la población (178.4 millones de personas) vive en pobreza y el 16% (77.1 millones) en pobreza extrema.
Por su parte, en el Informe Anual del BID se indica que la pobreza afecta a 150 millones de habitantes (31.1% de la población), en donde una de cada tres personas gana menos de dos dólares al día. Inclusive, en un Informe de actividades publicado en 1999 señaló que la pobreza seguía avanzando y que el número de pobres se elevaba a 169 millones. Por otra parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó en su informe de 1998 que el número de la población en pobreza supera los 200 millones de personas (41.1%) , de los cuales alrededor de 90 millones son indigentes.
El problema de la disparidad en la distribución del ingreso ha sido una constante en América Latina y el Caribe, sin embargo, esta desigualdad se hace cada vez más pronunciada. El PNUD al igual que el Banco Mundial coincide en que en todas las regiones del mundo el ingreso per cápita del 20% más rico es mucho mayor que el del 20% más pobre, sin embargo, indica que esta situación se da en grado diferente, por ejemplo, en el mundo en desarrollo esta proporción es ocho veces mayor, mientras en los países industrializados es de siete, sin embargo, en Asía Meridional esta proporción es cinco veces mayor, mientras que en América Latina es de 19 veces.    Por lo cual, América Latina ha sido considerada la región en donde se dan las mayores desigualdades en todos los ámbitos, pero principalmente en materia de ingresos, considerándose esta área como la más inequitativa a nivel mundial.
El Banco Interamericano de Desarrollo, al igual que el Banco Mundial y el PNUD está de acuerdo en que la concentración del ingreso es uno de los factores indicadores de la pobreza, e indica que si la distribución del ingreso en la región correspondiera a su nivel de desarrollo de acuerdo con los patrones internacionales, la incidencia de la pobreza sería la mitad de lo que es realmente; ya que con niveles semejantes de desarrollo, otros países han logrado reducciones sustanciales en esta área, por ejemplo, los niveles de ingreso per cápita de los países de Europa Oriental no difieren en forma apreciable a los de América Latina, sin embargo, en esos países la pobreza sólo afecta al 7% de la población.
Este organismo internacional estima que si el ingreso de la región se distribuyera como en los países del Sudeste Asiático, la pobreza sería una quinta parte de lo que es en la realidad, por tanto, si la distribución del ingreso permanece sin cambio, el ritmo de reducción de la pobreza sería muy lento, incluso con tasas de crecimiento relativamente elevadas. Asimismo, considera que con un aumento del ingreso per cápita del 3% anual se requerirían muchas décadas para reducir a la mitad los niveles de pobreza actuales.
Los fenómenos laborales (desempleo, subempleo y los bajos salarios) iniciados desde hace dos décadas, han llevado a grandes sectores de la población a la pobreza, el modelo económico imperante no ha dado solución a la demanda de los millones de personas que han perdido su empleo, que se han visto obligados a ingresar a la economía informal y recibir ínfimas remuneraciones. Los procesos de privatizaciones que iniciaron en la década de los ochenta y las fusiones de las grandes empresas de finales de esta última década continúan generando el despido masivo de los trabajadores quienes se ven en la necesidad de ingresar al empleo informal o permanecer sin empleo.   Frente a esta realidad, los trabajadores y sus familias ven cada vez más vulnerada su calidad de vida, ante las rebajas en sus salarios, perdida de empleos, perdida de la fuerza de sus sindicatos, proliferación de contratos de empleos temporales o de tiempo parcial.
El fenómeno de la exclusión en nuestra América no es un problema coyuntural, es un problema estructural, que se muestra tanto en los servicios educativos, la salud, el empleo y la falta de recursos suficientes que deteriora las expectativas de vida de los millones de latinoamericanos en pobreza y extrema pobreza.    Por lo cual, hoy más que nunca es altamente prioritario para la viabilidad de nuestros países, el que se suspenda la aplicación de este modelo de desarrollo neoliberal, de manera urgente e impostergable.   Sin embargo, por sí solo nada cambiará, se necesita de la participación activa de todos los grupos, movimientos, partidos políticos y sociedad civil progresista en toda nuestra América, sin exclusiones, sin sectarismos y sin caudillismos, teniendo como único fin el pugnar por la eliminación de esta estrategia y buscando el establecimiento de una sociedad justa y unida por intereses plurales y no de unos cuantos.
En nuestra América, al finalizar el siglo XX, el siglo en el cual se dieron los más notables adelantos sociales y tecnológicos que revolucionaron a la sociedad en su conjunto, el siglo que fue testigo de la comprobación práctica de teorías científicas, es el siglo que finaliza con más de la mitad de su población en pobreza; y desafortunadamente, bajo este modelo de desarrollo neoliberal no se ve un mejor futuro, sino que las oligarquías en nuestros países, lastre insultante de nuestra historia, aliadas al capital transnacional seguirán generando pobreza, desnutrición, falta de empleo y destrucción de nuestra soberanía. Por lo tanto, es absolutamente necesario eliminar la aplicación del modelo neoliberal que se ha aplicado en las últimas décadas en nuestra América, a fin de poder establecer un modelo de desarrollo incluyente, un modelo justo en donde “no haya perdedores” y pueda ser consolidado el proyecto emancipatorio...

El neoliberalismo y el crecimiento de la pobreza en América Latina

Introducción
Cuando Simón Bolívar escribía la Carta de Jamaica en 1815, quizás no imaginó la complejidad del futuro de las entonces nacientes repúblicas americanas, que se emancipaban del yugo español. Sin embargo , sí visualizó lo que sería un presagio funesto, “si las nacientes repúblicas no se mantienen unidas por los lazos de cooperación, caerán fácilmente presas de las aspiraciones colonialistas europeas o norteamericanas.    Y así fue, las ambiciones de las oligarquías latinoamericanas, detentadoras del poder político y económico, que nunca tuvieron en mente un proyecto de nación incluyente, (en el cual mestizos, indígenas y negros no fueran excluidos), aliados al capital transnacional, han sido las principales impulsoras de esta estrategia neoliberal.   Estrategia que lo único que ha dado a las mayorías en América Latina es mayor pobreza.
En una sociedad justa , los derechos concedidos por la justicia no deben estar sometidos a la negociación política, asimismo, los proyectos para el bien humano deben ser hechos sobre bases morales y políticas tanto como económicas. Sin embargo, finalizó el siglo XX y con él, las esperanzas de lograr sino una sociedad justa, sí una menos injusta con un “modelo económico incluyente y equitativo” en el cual todos los individuos no importando su diversidad tengan cabida y sean beneficiarios y no víctimas del crecimiento económico y del desarrollo tecnológico.
Hoy día, el modelo económico de “libre mercado” imperante en todo el orbe ha dado como resultado que de los 6 mil millones de habitantes, 1,300 millones sobrevivan en la “pobreza extrema” con menos de un dólar al día y otros 3 mil millones en “pobreza” con menos de dos dólares diarios. Un modelo económico que ha reconocido que “lamentablemente” 40 millones de personas mueren anualmente víctimas del hambre, el equivalente a los caídos durante la Segunda Guerra Mundial.
En la otra cara de la moneda de este modelo de desarrollo difundido por los “organismos financieros internacionales” desde finales de la década de los setenta, ha generado una impresionante concentración de la riqueza entre las naciones y dentro de ellas. Un reporte de las Naciones Unidas (ONU) indica que 100 de las principales compañías transnacionales del planeta detentan activos empresariales por más de 4.2 billones de dólares (14.6% del valor de la economía mundial), cantidad que supera en 139.3% el Producto Interno Bruto (PIB) de todos los países de América Latina y el Caribe y en 809.7% el PIB de todos los países africanos que en 1998 ascendió a 463 mil millones de dólares.
América Latina así como los países africanos y asiáticos han sido las zonas que más han padecido el proceso de reestructuración económica, en particular, la región latinoamericana desde la crisis que se iniciara en la década de los ochenta y a pesar de los costosos programas de ajuste y reestructuración de sus sistemas económicos implementados durante casi dos décadas, no se ha logrado que el crecimiento económico esperado se traduzca en el bienestar para la mayor parte de la población. El nivel de vida de los latinoamericanos ha retrocedido a niveles inferiores a los registrados en las décadas anteriores y en la actualidad, según cifras dadas a conocer por el Banco Mundial reportan “conservadoramente” que 37% de la población latinoamericana vive en pobreza y el 16% en extrema pobreza, en total 255.5 millones de personas, más de la mitad de la población se encuentra en esas condiciones.
En el caso de México, el actual modelo económico es la causa de la cada vez más onda brecha entre ricos y pobres, es decir, la política social del Estado Mexicano, supeditada a la política económica desde 1982 a la fecha, ha propiciado una insana concentración del ingreso, lo que ha provocado el incremento en el número de pobres de 29.7 a 73 millones de personas, un incremento del 145% durante ese período.
El modelo económico imperante, ha generado que el uno por ciento de la población más rica del país, que en 1984 detentaba el 8.3% del ingreso nacional disponible, elevara su participación en el período hasta alcanzar 29.8% en la actualidad, lo que representa una cantidad de riqueza equivalente al 18% del producto interno bruto. Como se ha señalado, el proceso económico ha concentrado la riqueza entre y dentro de las naciones y México no ha sido la excepción, ya que en 1998 los activos de los 100 principales empresarios del país sumaban dos billones 76 mil 400 millones de pesos, el equivalente al 53% del PIB de ese mismo año.
Por tanto, esta problemática expuesta se explica en el ámbito internacional, por la aplicación acrítica de un modelo de desarrollo adoptado por los países de América Latina y el Caribe durante las tres últimas décadas, el cual ha sido determinado por los principales organismos económicos financieros internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo resultado ha sido mayor pobreza y desigualdad en nuestros países.   Además, el crecimiento de la pobreza se acrecenta principalmente debido a una falta de sensibilidad y compromiso por parte de los gobiernos de la región, que entre sus prioridades no está la aplicación de una política social realmente consciente de las necesidades más apremiantes de la sociedad en general y de los grupos marginales en particular.
Es decir, al implementarse en América Latina esta estrategia de desarrollo neoliberal , el Estado redefinió su papel en la sociedad, se “adelgazó” debido a un proceso de privatización, en un intento de corregir el déficit público, convirtiéndose así, en un “eje que regula su inserción en el mercado mundial”, y desligándose de su compromiso social. Bajo esta estrategia de desarrollo, el Estado de bienestar se empezó a deteriorar, mediante recortes presupuestales, dejando de sostener e impartir educación, prestar servicios de salud, crear empleos.   Es decir , se desliga de la seguridad social de antes, que constituía un patrimonio para la población.
Debido a esta realidad, es urgente la suspensión de tal estrategia de desarrollo para que no se sacrifique más a la población, es decir, que se conceda más importancia a la política social y no sólo a la política económica.   Puesto que, el cierre de empresas medianas y pequeñas que no pueden competir, originan despidos masivos; la apertura de fronteras perjudica a campesinos, descapitaliza al campo debido al atraso tecnológico; el adelgazamiento del Estado que vende sus empresas perjudica a sectores burocráticos que son despedidos, se sufren devaluaciones del salario, lo que obliga a buscar empleos adicionales. Es decir, el Estado supedita la política social a la política económica, lo cual significa que no es una prioridad la salud, la nutrición, la educación y la vivienda, en la consecución de esta estrategia de desarrollo.

El crecimiento de la pobreza

Innumerables son las explicaciones que tratan de definir el fenómeno de la pobreza, así como varias las instituciones nacionales e internacionales que se dedican a monitorear y evaluar el incremento de los niveles de ésta, con la finalidad de diseñar políticas y estrategias adecuadas que combatan este problema crónico que afecta a varias regiones del mundo, principalmente a América Latina, zona en donde se encuentran los más altos niveles de pobreza.
Por lo tanto, hacer referencia a la pobreza significa entrar en una serie innumerable de conceptos y nociones, pues no existe una definición única sobre este fenómeno, como tampoco lo hay de los conceptos vinculados a ésta, como son desarrollo, polarización, desigualdad, marginación, exclusión etcétera, y es que en cada tipo de nociones, se reflejan la orientación teórico metodológica que cada autor utiliza para explicar el fenómeno.
Asimismo, cuando se trata de conocer los niveles de pobreza en el mundo (personas que se encuentran en pobreza o en extrema pobreza) no existe un criterio unívoco que mida los niveles de ésta de la misma manera, por ende, las cifras suelen variar entre los organismos internacionales, mientras el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su informe de 1997 indica que alrededor de mil 300 millones de personas viven con menos de un dólar al día, de los cuales 110 millones se localizan en América Latina. Dos años después, el Banco Mundial en la Reunión Anual de Gobernadores de este organismo y del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 1999, el Sr. James Wolfensohn señaló que en la actualidad existen mil millones de personas en el mundo que sobreviven con menos de un dólar de ingreso al día y otros 3 mil millones con menos de dos dólares. En el caso de América Latina, este organismo en su informe anual de 1998 señala que el 37% de la población (178.4 millones de personas) vive en pobreza y el 16% (77.1 millones) en pobreza extrema.
Por su parte, en el Informe Anual del BID se indica que la pobreza en la región latinoamericana afecta a 150 millones de habitantes (31.1% de la población), en donde una de cada tres personas gana menos de dos dólares al día. Sin embargo, en un Informe de actividades publicado en 1999 señaló que la pobreza sigue avanzado y en la actualidad el número de pobres se eleva a 169 millones. Por otra parte, la CEPAL publicó en su informe de 1998 que el número de la población en pobreza supera los 200 (41.1%) millones de personas, de los cuales alrededor de 90 (18.6) millones son indigentes (ver cuadro 1).
Cuadro 1
Situación de la Pobreza en América Latina y el Caribe en 1998
Población (millones)
Pobreza Pobreza Extrema Total
Banco Mundial 178.4 77.1 255.5
PNUD n/d 110.0 110.0
BID 150.0 n/d 150.0
CEPAL 110.0 90.0 200.0
n/d: No disponible.
Específicamente en México, la situación es la misma, las cifras de mexicanos que se ubican en pobreza y extrema pobreza varían entre los índices dados a conocer por los organismos internacionales, la información oficial y los datos que sobre el tema proporcionan académicos y Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s).
De esta manera tenemos que mientras el Banco Mundial considera que por lo menos el 40% de los 96 millones de mexicanos (38.4 millones ) sobreviven con un ingreso menor a dos dólares diarios, mientras otro 14.9% (14.4 millones) apenas recibe un dólar norteamericano. El BID, indica que el 30% (28.8 millones) de mexicanos se ubican en el rango de pobreza moderada y 17% (16.3 millones) en extrema pobreza, con ingresos inferiores a los dos dólares por día.
Por su parte el PNUD en su informe sobre el Desarrollo Humano de 1998 clasifica a México entre los países con un “alto desarrollo humano” ubicándolo en el lugar 49 a escala mundial, con un ingreso real per cápita de 6 mil 769 dólares, una esperanza de vida al nacer de 72.1 años y una tasa de alfabetización de 89.6% en los adultos. Sin embargo, en su Informe de 1997, este organismo consideraba que en 1994 el 49% de la población (44 millones) vivía en pobreza, de los cuales 15% (13.4 millones) se encontraba en extrema pobreza.
En ámbito nacional, por una parte el Gobierno Federal reconoce que dos tercios de la población (66 millones de mexicanos) viven en la pobreza, de los cuales 26 millones, el 27% del total de los mexicanos se encuentran en extrema pobreza. Sin embargo, algunas ONG´s, así como la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, con datos tomados de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto realizada en 1996, indican que el número de pobres asciende a 70 millones de personas. En esta misma orientación, algunos han señalado que en México la pobreza afecta a 72 millones de personas de los cuales 52 millones se encuentran en extrema pobreza (ver cuadro 2).
Cuadro 2
Situación de la Pobreza en México en 1998
Población (millones)
Pobreza Pobreza Extrema Total
Banco Mundial (*) 38.4 14.4 52.8
PNUD (**) 30.4 13.4 44.0
BID 28.8 16.3 45.1
Gobierno Federal 40.0 26.0 66.0
Fuentes no Oficiales 20.0 52.0 72.0
* Nota: En el World Bank Atlas 1998, México esta considerado entre los doce países en los cuales se concentra el 80% de la pobreza mundial con un nivel de pobreza del 75% de su población. Aproximadamente 69.8 millones de pobres, si tomamos como referencia la población de 1996 (93.1 millones) que aparece en el documento, sin embargo, si se toma como base la población de 1998 (96 millones) la pobreza alcanza 72 millones de mexicanos, que es igual a la cifra de 72 millones de personas en pobreza que considera la Dra. Campos.
** Nota: Los datos se tomaron del Informe Sobre el Desarrollo Humano 1998 del PNUD, sin embargo, los cálculos que sobre el nivel de pobreza en México no esta actualizado ya que el Informe utiliza como base información de la población de 1994.
Como se puede apreciar, las cifras que se publican sobre los niveles de pobreza y pobreza extrema en América Latina y México son divergentes entre los distintos organismos internacionales, así como en el ámbito nacional. Sobre esta problemática el investigador Julio Boltvinik señala que cuando se quiere saber cuantos pobres hay en América Latina, la cifras nunca coinciden entre los estudios elaborados por los diferentes organismos internacionales. Según el autor, esto se debe a la concepción del fenómeno, pues las características de las condiciones de vida de la población en pobreza difieren de los diferentes criterios de quienes tratan de definir a quienes se considera pobres, sean hogares o personas. Además, de que el problema no se reduce a los distintos métodos de medición, sino desde los conceptos básicos como qué es la pobreza, cómo se mide, y qué estrategia se propone para enfrentarla.

La definición de la pobreza

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) considera a la pobreza como un fenómeno complejo y multidimensional resultante de desequilibrios estructurales profundos y arraigados en todos los ámbitos de la existencia humana: el Estado, la economía, la sociedad, la cultura y el medio ambiente. Señala que con frecuencia las personas pobres están desnutridas con viviendas inadecuadas, disponen de escasos o ningún acceso a los servicios sociales básicos, por lo que no disfrutan de buena salud y su educación es deficiente.    En su Informe sobre el Desarrollo Humano de 1997, da un concepto de pobreza más amplio, señalando que “pobreza significa que se niegan las oportunidades y las opciones más fundamentales del desarrollo humano como son: vivir una vida larga, sana y creativa y disfrutar de un nivel decente de vida, libertad, dignidad, respeto por sí mismo y de los demás”. Asimismo, destaca que la pobreza entraña mucho más que falta de ingresos para sobrevivir a las necesidades mínimas de subsistencia.
Por tanto, al estar privados de un acceso equitativo a los mercados y las instituciones, las personas que viven en pobreza sufren marginación y exclusión social, por lo que la pobreza también refleja la falta de gravitación política de los afectados que se traduce en una carencia de poder que los mantiene aislados, vulnerables e imposibilitados de liberarse de lo que los encadena a esa situación. Asimismo, en su Informe de Pobreza de 1998 da definiciones de los diferentes conceptos de pobreza que comúnmente se utilizan a nivel mundial, que van desde la imposibilidad de adquirir ciertos productos y servicios, hasta la marginación total .

Los metodología de la pobreza
Es frecuente ver en publicaciones nacionales e internacionales, números o porcentajes que se refieren a la población que se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema, asimismo, es muy común escuchar afirmaciones como las siguientes: la brecha de la pobreza se ha incrementado o ha disminuido; ante estas aseveraciones, uno se pregunta ¿Cuál es el criterio para hacer tales planteamientos?.
Para dar respuesta a este planteamiento, es necesario hacer referencia a estudios realizados por el PNUD, Banco Mundial, BID y CEPAL, quienes han establecido “líneas de pobreza”, con la finalidad de conocer la evolución de este fenómeno en los países y de esta manera diseñar sus políticas y estrategias para el combate de este fenómeno.
En algunos países en desarrollo se han fijado líneas nacionales de pobreza, utilizando en general el método de la pobreza en alimentos. Estas líneas indican la insuficiencia de los recursos económicos para satisfacer necesidades mínimas básicas en materia de alimentos, existiendo tres métodos para medir la pobreza de alimentos.
Estos métodos son susceptibles al nivel de precios utilizados para determinar el costo del paquete, y los tres se concentran principalmente en las calorías o la energía dietética, porque se entiende que la deficiencia proteínica resultante de la insuficiencia de los recursos económicos es común en la mayoría de las sociedades.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha elaborado su propio índice de pobreza, denominado Indice de Pobreza Humana (IPH), ya que considera que el ingreso es sólo una opción que la gente desearía tener, que aunque es importante no es el fin sino un medio para tener un nivel de vida decente.
El IPH mide la privación en tres dimensiones: longevidad, conocimientos y nivel decente de vida. Las variables utilizadas son el porcentaje de personas que se estima que morirán antes de los 40 años de edad, el porcentaje de adultos que son analfabetos y el aprovisionamiento económico en términos del porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud y agua potable, y el porcentaje de niños menores de cinco años con peso insuficiente.
El Banco Mundial en su Informe sobre el Desarrollo Mundial de 1990, define a la pobreza “como la imposibilidad de alcanzar un nivel de vida mínimo”. Señala, que los ingresos y los gastos per cápita de las unidades familiares son una vara adecuada para medir el nivel de vida, siempre que se incluya la producción propia. Sin embargo, indica que ninguna de estas medidas logra captar las dimensiones del bienestar, como la salud, la esperanza de vida al nacer, la alfabetización, y el acceso a bienes públicos o recursos de propiedad común, ya que las familias que tienen acceso a servicios públicos gratuitos están en mejor situación que las que no lo tienen, aún cuando sus gastos quizás no sean iguales.
Asimismo, con la finalidad de realizar comparaciones entre los niveles de pobreza a nivel mundial, estableció un umbral de pobreza universal el cual permite la comparación entre los países. De esta manera, se fijó un “umbral de pobreza” en términos de Precios Constantes (PPA) en dólares de 1985, de 275 dólares per cápita al año para los “extremadamente pobres” y de 370 dólares per cápita al año para los “pobres”. Asimismo, estableció un “índice de recuento de la pobreza” el cual define el porcentaje de la población que esta por debajo del umbral de la pobreza, y “la brecha de pobreza”, que indica la insuficiencia agregada de ingresos de los pobres como porcentaje del consumo agregado.

En un estudio titulado “La macroeconomía de la pobreza en América Latina” se nos dice que se debe tener cuidado en las mediciones de pobreza, ya que las definiciones y los métodos difieren en forma considerable, según la problemática conceptual en la definición de pobreza y en la determinación de la línea de pobreza, pues si se define a un individuo como “pobre” su consumo total (o ingreso total) debe estar por debajo de un nivel especificado, y si lo que se evalúa es el nivel de vida, la “línea de pobreza” se define como un determinado múltiplo de ingreso necesario para comprar una canasta de alimentos necesarios (el multiplicador depende de la parte del ingreso que una familia de bajos ingresos gaste en alimentos), por lo tanto, quienes se encuentra por debajo de esta línea se les denomina en nivel de “pobreza extrema”.
Inclusive, para determinar el índice de pobreza existe una amplia gama de documentos que proponen una diversidad de índices que miden la pobreza en una escala de cero (no pobre) a la unidad (toda la población es pobre). Sin embargo, el procedimiento más fácil para calcular un índice de pobreza, es contar primero el total de la población pobre y calcular el porcentaje de la población que pertenece a esta categoría.
Además, se han señalado otros índices como el de la “brecha normalizada de pobreza”, que es igual al déficit agregado de ingreso de los pobres en proporción a la línea de pobreza, dividido por la población, el cual se concentra en la evaluación de la indigencia, y el “índice elaborado por Amartya Sen”, el cual propone que la brecha de pobreza se establece por el rango que la persona ocupa en el orden existente entre los pobres.
Por su parte, el economista chileno Felipe Larraín, señala que existen diferencias en el grupo clasificado en pobreza extrema, ya que en éste se encuentran a “subgrupos de indigentes” que son aquellas personas que aún destinando la totalidad de su ingreso a la alimentación, no logran cubrir sus necesidades básicas de nutrición, por lo que esta situación es mucho más difícil que la pobreza en general. Además, señala que existe la “pobreza critica” que está compuesta por los que carecen de la capacidad necesaria para participar en los mercados formales de trabajo.
Por lo tanto, la debida diferenciación entre los diferentes grupos de pobreza es importante a fin de que los esfuerzos en la aplicación de la política social se centre hacia los más necesitados. Asimismo, el grupo de pobreza crítica prácticamente no se beneficia del crecimiento económico, ya que no participa del crecimiento generado en su país, porque carecen de habilidades para ingresar a los mercados laborales formales, y su única esperanza son básicamente los servicios de auxilio social.
Además, en la definición de pobreza se debe distinguir entre la medida de la pobreza “basada en el ingreso y la basada en el consumo”. Ambos tipos son diferentes, ya que el consumo de los pobres incluye los bienes y servicios proporcionados por los programas de auxilio social, mientras que la medida basada en el ingreso no los incluye. Por lo cual, la medida basada en el ingreso ofrece una mejor descripción de las características de la pobreza de una persona, sin embargo, la medida basada en el consumo es un mejor indicador de la situación real de los pobres.
En México, según Arturo Warman, la pobreza es “un proceso histórico acumulado”, por lo cual, lo importante es crear las condiciones para que en un período de tiempo, que necesariamente es de generaciones, se pueda ir eliminando.   Un actual funcionario público de la Secretaría de Hacienda, en su estudio “sobre la pobreza extrema en México”, hacía una distinción entre “pobreza moderada” y “pobreza extrema”, en la cual señalaba que la “pobreza extrema” es una condición absoluta, en donde los extremadamente pobres no pueden obtener suficiente alimentación para desempeñarse adecuadamente y son menos capaces para realizar satisfactoriamente tareas en el mercado de trabajo o de participar en actividades educativas. Según este autor, el concepto de pobreza extrema identifica a un conjunto de individuos que “necesitan ayuda directa para ser capaces de beneficiarse completamente de las políticas generales elaboradas para reducir la pobreza”.   Asimismo, “la pobreza moderada” es una condición relativa en donde los moderadamente pobres no pueden satisfacer necesidades que dado el nivel de desarrollo del país, se consideran básicas. Sin embargo, su situación es fundamentalmente diferente en el sentido de que su nivel de alimentación y de salud les permite participar activamente en el mercado de trabajo, tomar ventaja de las oportunidades educativas, tener movilidad, afrontar más riesgos. Su pobreza es relativa comparada con el resto de la población ya que carecen de ciertos bienes y servicios que, dada la riqueza nacional, todos deberían disfrutar. Por lo cual, según el autor, a este grupo de personas se les podría ayudar mejor con políticas que amplíen sus oportunidades.
Por otra parte, en el documento “El Combate a la Pobreza: lineamientos Programáticos” del Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad, se definía a la “pobreza” como el número de personas que no satisface las necesidades que le podrían dar un bienestar mínimo, y la “pobreza extrema” aquella población que no satisface ni siquiera el 60 por ciento de las necesidades mínimas de bienestar.
El procedimiento utilizado para estimar la magnitud de la pobreza en México se basa en la comparación del ingreso de los hogares con el costo de satisfacción de sus necesidades básicas (método de ingreso). Este método se sustentan en el cálculo de las denominadas líneas de pobreza, las que representan el monto mínimo de ingreso que permite aún disponer de recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros. Esta metodología que se ha aplicado, es la más ampliamente utilizada por los países de la región y los organismos internacionales, y como ya se señaló, se le ha denominado “línea de pobreza”.
Esta línea de pobreza consiste en determinar los requerimientos nutricionales de la población, tomando en consideración su estructura por edad y sexo, así como las actividades físicas que realizan los miembros del hogar. De esta forma, se calcula el requerimiento de calorías y proteínas de una persona con base en las recomendaciones actuales de los organismos internacionales especializados. En base a esta información, se construye una canasta básica de alimentos que cubra las necesidades nutricionales de la población, tomando en cuenta la disposición de alimentos y los precios de los mismo.
El valor monetario de la canasta, se utiliza para fijar el límite de ingresos bajo el cual se considera a una familia en situación de pobreza extrema. A este valor, se le adiciona una estimación de los recursos requeridos por lo hogares para satisfacer otras necesidades no alimentarias y, de esta forma, se obtienen valores que se aplican para determinar diversos niveles de carencias y bienestar de la población.
En este mismo sentido, en el Programa de Educación, Salud y Alimento (PROGRESA) puesto en marcha en 1997, por el presidente Ernesto Zedillo, se definía el concepto de “pobreza” como “una noción relativa en el tiempo y en el contexto de cada sociedad, pero de gran importancia para la definición de las estrategias de política social”.   En este documento, se identifica a la “pobreza extrema” mediante la comparación de los ingresos per cápita de la familia con el costo de “una canasta básica alimentaria”, estableciendo mediante esta vía una línea de pobreza extrema. De esta manera, “los hogares que están por debajo de esta línea son considerados como pobres extremos”. En el caso de México, esta línea de pobreza, se relaciona con la Canasta Normativa Alimentaria elaborada por la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR), que correspondía a un ingreso familiar agregado equivalente a 1,738 pesos de finales de 1997 (considerando exclusivamente el ingreso corriente monetario para una familia de 5.5 personas).
Sin embargo, en el documento se indica que el ingreso familiar no es por sí mismo el único factor ni el más adecuado para identificar a los grupos pobres, ya que el ingreso de las familias puede conducir a subestimar la pobreza, por tal motivo, a fin de diferenciar los hogares en condición de pobreza y pobreza extrema, se establece el indicador denominado “profundidad de la pobreza”, que es una medida agregada de la brecha (suma de las distancias) que existen entre el ingreso de los hogares pobres y el ingreso que corresponde a la línea de pobreza (la profundidad de la pobreza es casi siete veces mayor en el contexto rural que en el medio urbano.
Por otra parte, dado que las localidades y regiones en donde se concentra el mayor número de familias en pobreza extrema, no se delimitan desde el punto de vista geopolítico de estados y municipios, sino que conforman microregiones con características socioeconómicas similares, el Programa ha estimado un “índice de marginación por localidad”, el cual sintetiza la intensidad de las carencias sociales y económicas de sus habitantes. Este índice se basa en indicadores agregados de la población de las comunidades sobre analfabetismo, ocupación, tamaño de los hogares y diversas características del equipamiento y servicios de las viviendas, y clasifica a las localidades, con un índice de marginación que va de: “Muy baja, Baja, Media, Alta y Muy alta”.

La política social y la pobreza

El vínculo entre pobreza, altos índices de analfabetismo, altos índices de fecundidad, bajos ingresos, bajos niveles de salud y altos índices de mortandad, es incuestionable en la dinámica de lo que se ha llamado el “círculo vicioso de la pobreza”, condición que se perpetua de generación en generación.
Por tal motivo, es importante tener presente en la instrumentación de programas de política social, orientados al combate de la pobreza, el conocimiento de las causas que la propician, así como de las características sociodemográficas de la población afectada. En este sentido, algunos de los principales factores que inciden en las condiciones de pobreza se identifican en los índices demográficos, en el nivel educativo de la población, en los bajos ingresos por trabajo y en la desocupación, como las tres principales causas que inciden en el nivel de vida de las familias.

El rezago educativo

Los altos índices de analfabetismo en México y en América Latina, han sido una de las principales causas de pobreza de amplios sectores de la población urbana, pero principalmente rural, y es que se considera que provoca que el crecimiento económico sea más lento, y que a la vez se refleja en la incapacidad de los individuos para obtener mejores ingresos, los cuales están distribuidos en forma desigual entre la población. Es por esta razón que en todas las estrategias de implementación de programas enfocados al combate de la pobreza, se debe buscar incrementar el nivel educativo de la población, a fin de que sus habitantes obtengan mejores y más remunerados empleos. Por que sino, el programa se vuelve, exclusivamente, un paliativo de las graves carencias de la población.
Si bien es cierto, en América Latina se logró aumentar los niveles educativos durante la década de los setenta período en el cual la población en promedio mayor de 25 años contaba con 3.3 años de educación, para principios de los noventa ese promedio alcanzó los 4.8 años, en ese lapso la proporción de población sin educación descendió de 36% a cerca del 23%. Sin embargo, el progreso educativo de la región, ha sido muy inferior al registrado en otros grupos de países como los del Sudeste Asiático, en donde la educación en los setenta era de un promedio 3.5 años y ha pasado a un promedio superior de 6 años al inicio de la presente década.
México, a pesar de que es considerado como uno de los países con más alto desarrollo humano, así como miembro del grupo de las naciones más ricas del mundo reunidos en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según información de Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) existen en nuestro país 6 millones de analfabetas, 12 millones de personas que no tienen educación primaria completa y 17 millones que no tienen secundaria, de estos 35 millones de personas, sólo el 10% logra formar parte de la economía formal y el resto se ve en la necesidad de incorporarse al sector informal o se encuentra desempleado. Esta Institución ha señalado que el problema de la educación en México se vuelve cada vez más delicado debido al rezago educativo de mexicanos con 9 años completos de educación básica, que en 1970 era de 23 millones, pasando a 31 millones en 1990 y que en 1997 la cifra llegó a los 35 millones. Esta situación se debe al rezago en materia educativa que crece anualmente con 800 mil jóvenes más.   Si a esta problemática le agregamos que el 95% de la población carece de capacitación laboral adecuada y sólo el 5% cuenta con ésta, dentro de los cuales menos del 2% tienen nivel universitario, el panorama se vuelva más sombrío.
Algunos organismos internacionales como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el PNUD han recomendado que para combatir el rezago educativo y mejorar la calidad de ésta, los países en desarrollo deberían destinar como mínimo entre el 7 y 8% de su producto interno bruto a este sector, sin embargo, en América Latina en promedio se dedica a la educación sólo el 3.5% del PIB    y en el caso de México en 1995 se destinó el 4% del PIB a este sector y en 1999 disminuyó a 3.9 por ciento.
Si se compara el gasto en educación por estudiante con respecto a los países miembros de la OCDE, México es el tercer país que menos gasta en cada estudiante, ya que destina a cada alumno la quinta parte del PIB per cápita, que asciende a 7 mil 822 dólares, cuando otros países otorgan hasta 35% por educando. De acuerdo al análisis de este organismos internacional, los otros dos países que destinan menos recursos económicos por alumno son Grecia y Turquía quienes aportan el 13.3 y 16.7% respectivamente.
Si bien es cierto, el problema del analfabetismo y el nivel educativo de la población en general es muy delicado, frente al paradigma de la globalización mundial en donde la “excelencia” científica y tecnológica son los pilares del desarrollo, hacen de este situación un problema sumamente grave y difícil de resolver, porque ya no es suficiente que la población obtenga los nueve años de educación básica, sino que se hace necesario incrementar el número de años y con una mejor calidad.
Ante esta realidad internacional, en donde para poder “competir” en la sociedad de mercado se hace necesario elevar los niveles educativos de la población a niveles medio y superior como mínimo. Sin embargo, los enfoques de desarrollo de los organismos financieros internacionales (FMI, Banco Mundial y BID) continúan “sugiriendo” a los gobiernos de los países en desarrollo políticas que dañan a las universidades públicas, como lo han señalado los rectores que integran la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL), quienes sostienen que los “lineamientos de financiamiento en educación superior (incremento en las cuotas a los alumnos y la reducción presupuestal y de matricula) “aconsejadas” por estas instituciones han sido nocivas para la educación superior pública”. Los integrantes de la UDUAL, consideran que estas medidas no deben ser acatadas por el sistema universitario latinoamericano, ya que en los últimos 20 años los organismos financieros internacionales han planteado darle mayor importancia a la educación básica en detrimento de la superior.
En este sentido, los mayores esfuerzos de las políticas de los organismos internacionales para lograr el desarrollo y erradicar la pobreza en América Latina continúan centrándose principalmente en la educación básica, dejando a la educación superior a las fuerzas del mercado, por considerarlas como no prioritarias. Recomendando a los gobiernos de los países invertir y subsidiar principalmente la educación básica y técnica y eliminar todo tipo de subsidios a la educación superior ya que éstos “no benefician realmente a la población pobre”.

El desempleo como factor que agudiza la pobreza

Uno de los fenómenos más intensos y graves que ha padecido América Latina durante las crisis económicas de la década de los 80´s y sobretodo de los 90´s, es el desempleo y subempleo que en algunos de los países de la región son sumamente alarmantes. Esta fenómeno ha venido a agudizar aún más la difícil situación demográfica y de analfabetismo que padecen los latinoamericanos, lo cual se traduce en los altos porcentajes de la población en pobreza y pobreza extrema.   Datos de la CEPAL indican que durante 1990 a 1995 la fuerza de trabajo en la región creció a una tasa promedio anual de 3.1%; el empleo a 2.9% y el producto a 3.2%. De los empleos generados durante este período, una pequeña proporción correspondió a los sectores modernos de la economía, mientras que la gran mayoría se concentró en sectores de menor productividad relativa y, en especial, en el área de bienes y servicios, por lo que esta heterogeneidad ha dificultado una mejor distribución del ingreso y por tanto la superación de la pobreza.
En relación al “desempleo” entendido como aquellas personas que trabajan pocas horas a la semana o no trabajan en absoluto, en América Latina, dado que no existe una red de seguridad social (seguro de desempleo) la población que se encuentra en esta situación tiene que trabajar “de lo que sea” o depender de la familia. Por esta razón, no existen parámetros confiables que indiquen que porcentaje de la población se encuentra desempleada o de aquellas personas que se integran al comercio informal.     Por tal motivo, el desempleo abierto en la región es difícil cuantificarlo, sin embargo a medida que las condiciones evolucionan y la solidaridad familiar se debilita, el desempleo aumenta. Por otra parte, las crisis económicas que atraviesa el mundo a provocado que cada vez mayor número de personas se encuentren desempleadas o subempleadas, que de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) esta cifra ha llegado a sus máximos niveles históricos durante 1998 al representar cerca de 1,000 millones de personas, asimismo este organismo internacional preveía la continuación de esta tendencia.
El incremento de desempleados y subempleados durante estos últimos años de acuerdo a informes del Banco Mundial se debe entre otras causas a las constantes crisis financieras en el mundo, como la de Asía, Rusia y Brasil, situación que ha provocado una desaceleración en el crecimiento de la producción mundial, fuga de recursos, así como una menor inversión nacional y extranjera. América Latina no ha sido ajena a esta situación, y a pesar que la mayor parte de los países de la región lograron crecimientos del PIB de 2.6% durante 1998, la tasa de desempleo llegó a ser del 8.4% en promedio, previéndose que para finales del 2000 se llegue al 9.5%. En el caso de México, la tasa de desempleo en ese mismo año alcanzó el 3.6%, y se esperaba para el mismo plazo un incremento a 4.9 por ciento.
Si bien, el problema del desempleo en México y América Latina no es un fenómeno reciente, es sin embargo a partir de la crisis de los ochenta cuando esta situación se empieza a generalizar, y en el caso de México esta situación se confirma, ya que al inicio de esta década la fuerza laboral aumentó de 22.7 millones de personas en 1981 a 24.7 millones en 1984, sin embargo los empleos permanecieron en 20.1 millones, e incluso llegaron a bajar a 19.6 millones en 1983, recuperando posteriormente su nivel de 1981. Durante todo este lapso no se crearon nuevos empleos en tanto la fuerza laboral continuó aumentando a una tasa anual de 2.8%, situación que provocó que el desempleo abierto aumentara de 2.7 millones en 1981 a 4.6 millones en 1984, afectando principalmente a la población joven.
Al inicio la década de los 90´s, el desempleo en México continúo aumentando de 2.2% a 4.5% en 1997, según datos del Banco Mundial, y alcanzó su máximo nivel en 1997 cuando la tasa de desempleo llegó al 7.5%, período en el que se perdieron alrededor de 750 mil empleos. En 1998 según datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (ST y PS) la tasa bajó a 3.2%, situación que provocó que las personas inactivas ascendieran a un millón 100 mil personas en todo el país.
Sin embargo, algunos investigadores, señalan que la tasa de desempleo que se maneja de manera oficial podría ser mucho mayor si se tomará en consideración el subempleo, personas que laboran menos de 35 horas a la semana o que no laboran, por lo cual en ese caso, la tasa de desempleo real ascendería a 12.8%, lo que implica que a finales de 1998 más de 4 millones de personas se encontraban sin empleo o laborando menos de la jornada ordinaria en todo el país.
En cuanto al empleo formal, el INEGI reportaba que de los 36 millones que integran la Población Económicamente Activa (PEA) , sólo 15 millones cuentan con un empleo fijo y remunerado, de los cuales 13 millones de trabajadores se encuentran registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y dos millones prestan sus servios al Estado, por tanto, 21 millones de trabajadores el 58.3% sobrevive en la economía informal.
Asimismo, esta Institución indica que anualmente se integran a la PEA en promedio un millón 250 mil mexicanos, quienes no son absorbidos por los empleos formales que se generan anualmente, los cuales en 1998 representaron 600 mil plazas y en 1997 año en el cual la economía tuvo su mayor tasa de crecimiento de 7% sin embargo, sólo se llegaron a crear 700 mil plazas laborales.
Esta situación contrasta con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en el cual el gobierno federal se fijó la meta de crear un millón de nuevos empleos anuales, ya que esta cantidad es insuficiente para atender los requerimientos de la población que se integra anualmente a la PEA, y mucho menos lograr atenuar el rezago laboral de los últimos 14 años, el cual se estima en 13 millones de mexicanos desempleados, dado que de 1983 hasta 1997 sólo se lograron generar 3.2 millones de nuevos puestos de trabajo.
Otro de los factores importantes a destacar dentro de esta problemática, son los cambios cualitativos y cuantitativos que se han dado dentro del mercado laboral en nuestro país, ya que después de décadas de crisis y ausencia de oportunidades para el trabajador mexicano, el campo a dejado de ser la principal fuente de su desempeño laboral, pasando como primera opción el sector servicios el cual emplea en la actualidad al 53% de los mexicanos, le sigue el sector industrial con 27% y el sector agropecuario con el 20 por ciento.

La economía informal como opción para sobrevivir

Como ya se ha señalado, los resultados de las crisis económicas recurrentes que ha padecido la región se han traducido en el creciente desempleo y en la disminución de los salarios, por lo que un porcentaje importante de la población latinoamericana se ha visto en la necesidad de refugiarse en los sectores informales de la economía (comercio ambulante, agricultura de autoconsumo, narcotráfico, prostitución etc.) opciones que únicamente les ha permitido sobrevivir.
A pesar de que la economía informal o economía subterránea no ofrece condiciones de estabilidad y protección laboral adecuadas, se ha convertido en una alternativa real que reduce los niveles de pobreza al ofrecer ocupación e ingreso a un porcentaje considerablemente alto de la población de América Latina, que de acuerdo a datos de la OIT este sector produce 85 de cada 100 nuevos empleos y reditúa ingresos en algunas ocasiones superiores a los de otras actividades formales.
Este sector a pesar de que ofrece servicios de baja calidad y no ofrece condiciones laborales adecuadas sin embargo, continua creciendo a través del establecimiento de microempresas, talleres familiares entre otras actividades, quienes absorben un porcentaje importante de la sobre oferta de mano de obra de baja calificación, la cual en el sector formal tendría poca o ninguna oportunidad. Por tanto, el porcentaje de la población económicamente activa que se integra a este sector en América Latina continúa incrementándose día a día de manera alarmante y tan sólo en 1998 este sector creció en un 14%, situando al 59% del PEA de la región en este tipo de actividades.
En México al igual que los demás países de la región, las crisis económicas registradas durante estas dos últimas décadas han provocado que los salarios de los trabajadores se hayan deteriorado, alcanzando los niveles que tenían en la década de los setenta, pero sobretodo el principal problema ha sido la perdida de empleos, esta situación ha obligado ha que un porcentaje importante de la población se haya visto en la necesidad de formar parte de la economía informal.
Sobre esta problemática, en un estudio realizado por el Grupo de Consultores Internacionales (GCI)se informa que a partir de este año 2000, por cada cinco años, entre 3 y 1.9 millones de personas pasaran a formar parte del mercado informal, de los cuales una pequeña fracción de éstos se encontrará sin empleo, por lo que el sector informal urbano representará el 44% (16.1millones) de los 36.6 millones de mexicanos que integran la PEA, asimismo, en el estudio se considera que para evitar esta situación el sector formal debe de crecer a una tasa superior al 8% (3.8 veces de lo previsto para los próximos 25 años) a fin de lograr absorber los rezagos de trabajo existentes.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha reconocido que en este tipo de actividades informales de subsistencia, se desempeñan en la actualidad 15.6 millones de personas (datos de INEGI estiman 21 millones) de muy bajos ingresos, al no tener alternativas en el mercado laboral formal. De este total de personas, la dependencia considera que alrededor de 10.6 millones son asalariados y 5 millones se encuentran en lo que se podría llamar trabajadores por cuenta propia, quienes no ganan ni siquiera tres salarios mínimos.
Asimismo, la SHCP estima que la magnitud de los ingresos que genera el sector informal representa el 10% del PIB anual, unos 44 mil millones de dólares, sin embargo en un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) este organismo indica que el crecimiento de la economía informal genera recursos anuales por un monto aproximado de 146 mil millones de dólares el equivalente a un tercio del producto interno bruto.

La mala distribución del ingreso

Si bien, el problema de la disparidad en la distribución del ingreso ha sido una constante en la historia económica mundial, sin embargo, esta desigualdad se hace cada vez más pronunciada y de acuerdo ha estudios elaborados por el Banco Mundial, indican que la disparidad del ingreso entre el 20% más rico y el 20% más pobre de la población mundial ha pasado de 30.1 a 61.1% en los últimos treinta años, situación que se ve reflejada en la creciente desigualdad en la distribución de la riqueza y por tanto en el incremento en el número de pobres.
El PNUD al igual que el Banco Mundial coincide en que en todas las regiones del mundo el ingreso per cápita del 20% más rico es mucho mayor que el del 20% más pobre, sin embargo, indica que esta situación se da en grado diferente, por ejemplo, en el mundo en desarrollo esta proporción es ocho veces mayor, mientras en los países industrializados es de siete, sin embargo, en Asía Meridional esta proporción es cinco veces mayor, mientras que en América Latina es de 19 veces.
Tradicionalmente América Latina ha sido considerada la región en donde se han dado las mayores desigualdades en todos los ámbitos, pero principalmente en materia de ingresos, considerándose esta área como la más inequitativa a nivel mundial, principalmente en países como Brasil y Guatemala. Si bien es cierto, en la región siempre ha existido este problema, sin embargo, en la década de los 70´s hubo una mejor distribución del ingreso, posteriormente en los 80´s se registró un considerable deterioro, permaneciendo esta situación en niveles muy altos en los años noventa.
Esta desigualdad en los ingresos se relaciona principalmente con los grandes diferenciales salariales, que provienen no sólo de las diferencias entre los propietarios de capital y los trabajadores, sino de la divergencia entre los ingresos de los propios trabajadores. Situación que se manifiesta, entre otros factores, en una distribución desigual en la cantidad y calidad de la educación, en las brechas de género, en el empleo formal e informal, y entre los ingresos rurales y los urbanos. Por tanto, se considera que la principal causa del bajo nivel de salarios de este estrato es su bajo nivel de calificación laboral, por lo que la inversión en capital humano (mejores niveles educativos) daría como resultado una mejor equidad en el ingreso.
En el caso de México, en la encuesta Ingreso-Gasto en los hogares del INEGI de 1996, se indica que el 30% de los hogares más ricos de México concentra 64.12% del ingreso nacional, mientras que el 30% de los hogares más pobres apenas percibe 8.73 por ciento. Esta situación, se ve reflejada en los salarios de los trabajadores, que según datos de la OIT en México éstos se encuentran entre los más bajos a nivel internacional, siendo América Latina en general la región con los más altos rezagos salariales en el mundo.
En nuestro país, a pesar de que los salarios en 1998 se incrementaron en 1.8% en términos reales; con respecto de 1994 éstos presentan un rezago superior al 25%, lo que significa que con las mismas horas de trabajo los asalariados sólo pueden adquirir tres cuartas partes de los de bienes y servicios que adquirían hace cuatro años. Sobre este tema, Alberto Aziz, con información tomada del INEGI, indica que el salario de los mexicanos durante 1998 es 60% inferior al que percibían los trabajadores en 1965.
Si a esta situación se le agrega que al menos el 50% de la población recibe ingresos salariales inferiores a los dos salarios mínimos, en donde alrededor del 40% de los ocupados laboran en empresas con menos de cinco personas, con gran inestabilidad, salarios bajos y en donde la mitad de los ocupados no cuentan con prestaciones sociales, el panorama se vuelve aún más sombrío. Por lo cual, uno de los principales motivos de la inmigración a los Estados Unidos es la enorme disparidad de ingreso, mientas que en México 95 millones de personas viven con un ingreso per cápita promedio de 4 mil 400 dólares por año, en E.U el ingreso de los 250 millones de estadounidenses en promedio es siete veces más alto (30 mil 800 dólares).
Otro de los elementos, que también han afectado el ingreso de los trabajadores, son las altas tasas de inflación, la cuales desde la perspectiva del Banco de México, en los últimos cuatro años se han convertido en un factor adicional que contribuye al deterioro de la distribución del ingreso, afectando principalmente a la población de menos recursos, así como, provocando un incremento en el desempleo.
Según esta Institución, la inflación durante 1998 tuvo un crecimiento 18.6%, y en lo que va de 1995 a 1997 período de la administración del presidente Ernesto Zedillo, el incremento en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 114%, en tanto que en todo el sexenio anterior la inflación fue de 89%, por lo tanto, en estos dos años la desigualdad en los ingresos de los trabajadores se ha deteriorado más que en todo el sexenio pasado.
Por tanto, el Banco de México, considera importante bajar la inflación a fin de mejorar la distribución del ingreso, ya que estudios realizados por la institución indican que para un país como el nuestro, un aumento en la inflación de 5 puntos porcentuales implica un deterioro en la equidad del ingreso de 1% en corto plazo y de 4% en el largo plazo, por tanto una reducción de la inflación de 5%, llevaría a una disminución en la desigualdad de la distribución del ingreso entre uno por ciento y seis por ciento en el corto y largo plazo respectivamente.
El Banco Interamericano de Desarrollo, al igual que el Banco Mundial y el PNUD está de acuerdo en que la concentración del ingreso es una de las causas más graves del problema de la pobreza, e indica que si la distribución del ingreso en la región correspondiera a su nivel de desarrollo de acuerdo con los patrones internacionales, la incidencia de la pobreza sería la mitad de lo que es realmente; ya que con niveles semejantes de desarrollo, otros países han logrado reducciones sustanciales en esta área, por ejemplo, los niveles de ingreso per cápita de los países de Europa Oriental no difieren en forma apreciable a los de América Latina, sin embargo, en esos países la pobreza sólo afecta al 7% de la población.
Este organismo internacional estima que si el ingreso de la región se distribuyera como en los países del Sudeste Asiático, la pobreza sería una quinta parte de lo que es en la realidad, por tanto, si la distribución del ingreso permanece sin cambio, el ritmo de reducción de la pobreza sería muy lento, incluso con tasas de crecimiento relativamente elevadas. Asimismo, considera que con un aumento del ingreso per cápita del 3% anual se requerirían entre 15 y 25 años, dependiendo del país, para reducir a la mitad los niveles de pobreza actuales, que en el caso de México, se requerirá un período de 40 a 60 años con crecimientos del 2 al 3% anual del PIB per cápita para abatir la pobreza extrema.
Los fenómenos laborales (desempleo, subempleo y los bajos salarios) iniciados desde hace dos décadas, han llevado a grandes sectores de la población a la pobreza, el modelo económico imperante no ha dado solución a la demanda de los millones de personas que han perdido su empleo, que se han visto obligados a ingresar a la economía informal y recibir ínfimas remuneraciones, sino al contrario, se han generado impresionantes acumulaciones de la riqueza en el país.
Los procesos de privatizaciones que iniciaron en la década de los ochenta y las fusiones de las grandes empresas de finales de esta última década continúan generando el despido masivo de los trabajadores quienes se ven en la necesidad de ingresar al empleo informal o permanecer sin empleo. En un estudio realizado por la investigadora Isabel Rueda señala que las consecuencias negativas de las privatizaciones y de la modernización industrial a sido, que el proceso se ha dado a costa de un alto índice de desempleo, cierre de empresas colaterales, debilidad sindical y una absoluta libertad empresarial en el manejo de la mano de obra.
En este mismo sentido, James Petras y Steve Vieux, investigadores de la Universidad de Binghampton de Nueva York, han considerado que la privatización de las empresas y los fondos públicos en América Latina más que corregir los males causados por la intervención del Estado, ha generado una estructura económica ajena a las necesidades de los grupos menos favorecidos de la sociedad.
Frente a esta realidad, los trabajadores ven cada vez más vulnerada su calidad de vida, ante las rebajas en sus salarios, perdida de empleos, perdida de la fuerza de sus sindicatos, proliferación de contratos de empleos temporales o de tiempo parcial, así como el surgimiento de empresas generadoras de servicios pero sin trabajadores propios, que tratan de ahorrar “generar productividad” mediante la eliminación del pago de impuestos, de cuotas de seguridad social y de la eliminación del reparto de utilidades.
Este panorama de inseguridad laboral y creciente desempleo tanto a nivel internacional, regional y nacional, por mucho tiempo no tendrá solución, ya que aunado al rezago laboral que existe, se esta generando otro fenómeno que agrava aún más esta situación, y es el rechazo que presentan “los mercados estructurados” a la sobre oferta de mano de obra, en donde los salarios relativamente son mejores, pero también se exige altos niveles de “productividad”, que a su vez traen implícitos elevados niveles de instrucción (educación superior como mínimo), creándose trampas de subdesarrollo o círculos viciosos de pobreza, de los cuales resulta difícil que los trabajadores y sus familias salgan.

La salud

En México la cobertura de la población que cuenta con servios de salud, de acuerdo a datos oficiales, indican que el 55% de la población se encuentra registrada en el IMSS, 41 millones 941 mil personas en régimen ordinario y 10 millones 900 mil como beneficiarios directos del Programa IMSS-Solidaridad. Asimismo, este Instituto ha informado que 10 millones 296 mil 276 personas el 24.8% de la PEA mayor de 35 años no cuenta con seguridad social cifra que se incrementa considerablemente si se suman sus familiares directos.
Sin embargo, en un estudio publicado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), se indica que al inicio de la administración del presidente Ernesto Zedillo, habían 10 millones de personas sin servicios de salud, y que en la actualidad la falta de cobertura de ésta afecta al 21% de la población (20 millones de personas), y que si se tomara en consideración las barreras económicas, geográficas y organizacionales, la población que no tiene acceso a este tipo de servicios podría llegar a representar un tercio del total de la población.
Asimismo, la caída tendencial en los ingresos del gobierno federal desde hace 20 años, ha provocado que se reduzcan los recursos públicos destinados al gasto social como porcentaje del PIB el cual en 1999 se situó en 9.1% cayendo a niveles de países como Zambia, donde el gasto social equivale a 9.9% de su producto; Bolivia, con 12.6%; Colombia con 14.6%; o Chile en donde ha alcanzado 15.2% y muy distante al de países como Francia donde el financiamiento en este rublo representa el 33.9 por ciento.

Conclusiones

Como se puede apreciar, el fenómeno de la pobreza en nuestro país y en América Latina es un problema estructural, que abarca varios ámbitos: la demografía, la educación, la salud, el empleo y la falta de recursos suficientes que deteriora las expectativas de vida de los millones de latinoamericanos en pobreza y extrema pobreza.    Por lo cual, hoy más que nunca es altamente prioritario para la viabilidad de nuestros países, el que se suspenda la aplicación acrítica de este modelo de desarrollo neoliberal, para que se ejerzan programas de política social de manera urgente y responsable, dirigidos a impulsar el mejoramiento del nivel de vida de todos, sin exclusión, sino las consecuencias que se tendrán que pagar serán desastrosas para la región.
En México, la ausencia de fuentes de empleo, el rezago que existe en esta área, así como la exigencia de altos grados de preparación de los trabajadores, han obligado a la población a formar parte del fenómeno conocido como la “economía informal” en donde entre 16 y 21 millones de la PEA se desempeñan en esta actividad (que generalmente no cuentan con ningún tipo de prestación ni seguridad social), situación que al parecer continuará aumentando debido al rezago laboral, que se alimenta con 600 mil nuevos demandantes de empleo anualmente.
En cuanto a la distribución de la riqueza, México es uno de los países en donde ésta se da con mayor inequidad, los salarios de los trabajadores son de los más bajos a nivel internacional. Asimismo, numerosos estudios indican que el poder adquisitivo de éstos en los últimos diez años a caído en un 45%. Esta situación incide directamente en la salud y nutrición de los individuos, quienes ante sus escasos recursos ven cada vez más disminuida su calidad de vida, reduciéndose ésta a niveles de subsistencia. Sin embargo, lo más grave es que no se prevé a corto plazo un mejoramiento en sus condiciones de vida sino al contrario, cada vez empeora.
Sin justificar la ola de crímenes y violencia que azota a la mayoría de las ciudades en nuestros países, la relación del vínculo pobreza-violencia, es ampliamente compartida por estudiosos del tema, tanto en el plano nacional como internacional, los cuales consideran que se debe de modificar la política económica actual y fortalecer la política social del Estado, o se abona el terreno para una revuelta social.
El fenómeno de la pobreza en sus múltiples facetas ha sido problema que ha acompañado al hombre en todos los tiempos y en todas las épocas. Sin embargo, al finalizar el siglo XX, el siglo en el cual se dieron los más notables adelantos tecnológicos que revolucionaron a la sociedad en su conjunto, el siglo que fue testigo de la comprobación práctica de teorías científicas, es el siglo que finaliza con más de la mitad de su población en pobreza, de los cuales 30 millones mueren anualmente de hambre.
El siglo XX es el siglo que no vio la creación de un modelo de desarrollo económico capaz de incluir a todos los seres humanos no importando su género, raza, edad o “habilidades”, que por el simple hecho de ser un ser humano tenga la oportunidad de tener un trabajo y un nivel de vida decente. Por lo tanto, es absolutamente necesario modificar las políticas económicas que se han aplicado en las últimas décadas a fin de poder implementar un modelo de desarrollo incluyente y no excluyente generador de pobreza como el actual, un modelo económico en “donde no haya perdedores”.